PLURALISMO JURÍDICO EN ECUADOR. EL CASO DE LA NACIONALIDAD TSACHILA

 

Autor: Liliam Fiallo MonederoPORTADA PLURALISMO1

Presupuestos de la investigación:
Primero: No dar por sentado que el mero reconocimiento constitucional del derecho colectivo de las comunidades indígenas a ejercer sus propios sistemas de Derecho ha garantizado per se la eficacia y funcionalidad del propio sistema de Derecho indígena. El reconocimiento del Derecho indígena, respecto al ordenamiento jurídico estatal no necesariamente ha potenciado, en consecuencia, la existencia de un pluralismo jurídico de corte emancipatorio. La Constitución del 2008 ha contribuido a la ruptura, al menos desde la dimensión normativa, del paradigma de Estado desplegado a partir del proyecto republicano en Ecuador, así como de la racionalidad técnico-burocrática que lo respaldó, y que prescindió de toda una experiencia de pluralidad cultural, política, económica y jurídica propia de un contexto de diversidad étnica. Sin embargo, a nivel de las subjetividades, las prácticas de colonialismo interno aún persisten. Así mismo se puede hablar, dentro del propio ámbito jurídico, de las normativas complementarias, e incluso de la labor jurisprudencial de la Corte Constitucional, que podrían estar limitando los amplios avances obtenidos en el texto magno del 2008, de modo que el reconocimiento constitucional sobre el pluralismo jurídico o, incluso, sobre el Estado plurinacional, sigue siendo insuficiente.
Segundo: Que la existencia de un pluralismo jurídico emancipatorio u otro de corte conservador no es solamente un efecto de la acción estatal sino que también es consecuencia de las características del Derecho Indígena en cuestión y de las dinámicas de coexistencia entre ambos sistemas jurídicos.
Tercero: Asumir, como método de investigación y en la elaboración de las conclusiones teóricas, las dos propuestas de Santos (2010), denominadas primera y segunda ruptura epistemológicas respecto al Derecho Moderno. La primera ruptura, basada en la deconstrucción del ‘sentido común’ orientada a terminar con las tres ideas que se han naturalizado sobre el Derecho moderno: el Derecho como monopolio del Estado y como construcción científica; su despolitización mediante la separación de la sociedad civil y del Estado; su presentación como instrumento de transformación social, políticamente legitimada (Santos, 2009a: 47-50; Santos, 2010: 32). Sin embargo, la propuesta de Santos va más allá, pues también considerar la pertinencia de un segundo momento, en el que, después de haber deconstruido el sentido común sobre el Derecho moderno, habría que alcanzar un nuevo horizonte de sentido común, tarea sin duda mucho más compleja.

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